La influencia de esta especie de catálogo sobre los problemas mentales no queda solamente en el ámbito del diagnóstico, sino que también influye en qué se investiga y en los fondos que se asignan, en lo que aprueban los organismos dedicados a permitir o no la comercialización de medicamentos, etc. Incluso tiene un peso importante en otros rubros, como en lo que se consideran enfermedades que cubren las medicinas prepagas, en determinar las enfermedades profesionales y hasta en qué incluye la cobertura de las compañías de seguro y más.
Un artículo publicado en el British Medical Journal (https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-076902) advierte sobre conflictos de intereses no revelados entre muchos de quienes toman las decisiones sobre los contenidos del Manual y la industria de la salud.Tomando en cuenta los datos que constan solamente en Medicaid y Medicare, es decir, la salud pública de los EE.UU., descubrieron que de los 168 miembros plenos que votan, 92 son estadounidenses y de ellos 55 (59,8%) recibieron o reciben pagos de la industria por un monto de U$S 14,24 millones de dólares solamente en el período 2016-2019, 70,6% en aportes para investigación, 8,3% por consultas, 4,8% en viajes y el resto en otras varias contribuciones. Los investigadores creen que la influencia de las diferentes ramas industriales podría se mucho mayor, teniendo en cuenta que no todos los que pueden decidir sobre el Manual son estadounidenses y que aun muchos de los profesionales de esa nacionalidad no están registrados en las bases de datos de la medicina pública de tal país.Explican los autores (mayoritariamente estadounidenses y una británica) que ello no quiere decir que lo plasmado en el texto sea producto de esa relación, sino que, para mayor transparencia, debiera prohibirse que aquellos integrantes de la APA que tuvieran contactos con farmacéuticas, compañías de investigación, aseguradoras, centros asistenciales privados, etc., votaran.