Por eso declaró la nulidad de las leyes CABA 6100, de 2018, y su complementaria 6438, de 2021, dado que se vulneró el derecho a la participación ciudadana durante la elaboración de la ley.
En ese sentido, la Dra. Liberatori señaló: “Lo que ha ocurrido en el proceso legislativo es lo contrario a lo que establece la Convención [sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad], dado que la audiencia pública devino en un mero trámite formal a causa de que los legisladores no dieron ninguna respuesta satisfactoria a los planteos sustanciales formulados por los actores. Por lo tanto, son los propios legisladores quienes convirtieron a una instancia relevante de participación ciudadana en un decorado, un show, un artilugio para dar por cumplido lo que entendieron como un mero requisito y sacárselo de encima”.
Asimismo, en el texto (https://drive.google.com/file/d/1oixGjkq_GwXFU9-fb04zY_U4eKjaXI20/view? pli=1) se hace referencia a lo indicado por Rumbos, en cuanto a que el Código profundizó las condiciones materiales y sociales que generan discapacidad; es refractario a la inclusión; crea más obstáculos permitiendo la construcción de microdepartamentos e instalaciones sanitarias reputadas como expulsivas y además tampoco permite el control ciudadano de los espacios públicos.
Más allá del festival de reconstrucción de veredas, Buenos Aires no es una ciudad amigable para las personas con discapacidad, ya que su transporte casi no es accesible, tampoco lo son muchos de sus espacios públicos, no se pena a quienes obstruyen las rampas, tiene muy escasa señalización vial para personas con problemas de visión y hasta muchos de los edificios públicos carecen de rampas para aquellos con problemas de movilidad, entre muchas otros obstáculos que, como se afirma, no solamente no mejoran la calidad de vida de quienes portan una discapacidad sino que la empeoran.