Buenos Aires no se encuentra, precisamente, entre las ciudades más accesibles del mundo. Muchos de sus edificios no poseen rampas y/o ascensores que faciliten el tránsito de quienes presentan inconvenientes motrices, incluyendo a algunos públicos, mientras que la mayor parte de los semáforos carecen de indicadores sonoros para personas con baja audición, por citar solamente algunos impedimentos.
Ante la presión de los usuarios y su reflejo en los medios de comunicación, la responsable de la explotación de los subterráneos de CABA SBASE (Subtes de Buenos Aires Sociedad del Estado) reconoció que casi la mitad de las estaciones (48%) carecían de medios idóneos para que usuarios con discapacidad motriz accedieran a dicho medio de transporte y se comprometió a solucionarlo en un plan de acción a tres años.
Más allá de la pandemia, la Defensoría del Pueblo porteño intervino judicialmente en el asunto, logrando que se dicte una cautelar que asegure medios alternativos de transporte para quienes no pueden utilizar el servicio, ya que el plan se desmoronó y solamente se acondicionó el 2% de las estaciones, por lo que la deficiencia alcanza al 46%, siempre y cuando escaleras mecánicas, ascensores y otros medios funcionen, claro. La concesionaria debe garantizar el traslado de usuarios con dificultades motrices desde estaciones sin ayuda asistiva a las que sí la tengan.
El 1 de diciembre pasado cambió la titularidad de la concesión hacia Emova, un consorcio formado por dos empresas, Benito Roggio Transporte y Metrovías. La cautelar involucra a esta empresa, a SBASE y al propio Gobierno de la ciudad para que se hagan accesibles todas las estaciones.
Moverse en la ciudad a través del transporte público es problemático, ya que no solamente los subterráneos sino que también trenes y colectivos presentan serias falencias en el rubro. Esperemos que el fallo se cumpla.