Despidos, bajas de pensiones, auditorías fantasma, disminución de partidas y más

Con argumentos insólitos y en base a auditorías no publicadas se intenta dar de baja a poco menos de 200.000 pensiones, mientras que se disminuye en $ 679 mil millones la partida destinada al sector en el Pesupuesto 2025 (de 3,034 billones a 2,355 billones de depreciados pesos).
Asimismo, se endurecen las condiciones para el otorgamiento de nuevos beneficios, negándolos a quienes tengan trabajo, sus padres o responsables (en caso de menores) perciban más de cuatro jubilaciones mínimas ($ 977.000, aproximadamente), estén privados de la libertad (parece que la cárcel termina con la portación de discapacidad), mientras que se pasa la jurisdicción de la Andis al Ministerio de Salud, regresando al vetusto modelo médico rehabilitatorio que pone el problema en el sujeto y desconoce las barreras de su entorno.
También complica el despido de 350 trabajadores de la Agencia sobre un plantel de 1.380 en todo el país, lo que determinó el cierre de al menos 59 dependencias en diferentes puntos del territorio, mientras se anuncia que cesarán a más empleados, con lo cual la atención se hará más difícil de lo que ya era antes.
Otra cuestión sorprendente es que una de las causales de suspensión del aporte es la imposibilidad de entregar comunicaciones a los beneficiarios en el domicilio registrado. No haber hecho el cambio de residencia por diferentes razones (desde mudanzas hasta internaciones involuntarias) libera al Estado de su obligación de buscar a quienes necesiten la magra ayuda económica que suponen las pensiones, consistentes en el 70% de una jubilación mínima, es decir $ 171.000 en octubre, irrisoria suma que en muchos casos ni siquiera cubre los costos de algunos medicamentos.
Estas y otras medidas (por ejemplo, la desactualización de los cánones de los prestadores de distintos servicios), en las que se ha excluido la participación de los propios interesados, tienen como objetivo el “ahorro” de 1.600 millones de dólares anuales en este sector.
Una sociedad que prioriza los números sobre el bienestar de las personas desfavorecidas es, sin dudas, discriminatoria y reprobable.