Pensiones por discapacidad: algunos aportes para la discusión pública

Las apenas nueve páginas buscan poner en discusión algunas medidas cuestionables tomadas recientemente por la Agencia Nacional de Discapacidad en forma arbitraria, sin consulta a los propios receptores de las mismas, y también las disposiciones que toma el decreto 843/2024 acerca de la modificación de los requisitos para acceder a las pensiones, volviendo a modelos vetustos e inconstitucionales que no respetan legislación anterior ni convenios internacionales con jerarquía constitucional. Ya la denominación de “pensiones por incapacidad” que campea en la norma del Ejecutivo implica una concepción errada y estigmatizante, mientras se inicia una cacería de brujas bajo la forma de una supuesta auditoría que obliga a millares de personas a presentarse en las sedes de la ANDIS para certificar la validez de su beneficio, teniendo que soportar colas de hasta 200 individuos.
El documento se mueve sobre tres ejes y aportando los argumentos que desmienten las afirmaciones oficiales y las oficiosas de los corifeos acerca de que el número de pensiones es excesivo (apenas el 20,3% de los posibles beneficiarios las recibe), que la mayor parte de las pensiones está mal otorgada (incluso con argumentos espurios, como el supuesto otorgamiento a quien presentó radiografías pertenecientes a un perro que, en realidad, fue rechazada) y la infundada afirmación de que solamente aquellas personas que no pueden trabajar necesitan ser pensionadas, cuando la realidad es muy otra, sobre todo teniendo en cuenta que el monto de estas ayudas es de apenas el 70% de una paupérrima jubilación mínima y que la falta de tareas remuneradas para las concedidas no fue un requisito invalidante, y menos para un colectivo con bajísima inserción laboral y en muchos casos con sueldos discriminatorios.
El texto explica claramente que se parte de prejuicios y presupuestos sin fundamento fáctico alguno, mientras que desconocen todos y cada uno de los compromisos internacionales de la república sobre políticas acerca de la situación de discapacidad, y tampoco se buscó el asesoramiento y la discusión con las personas implicadas. Como siempre ocurre, el peor sordo es el que no quiere oír. Y el accionar empeora cuando la decisión se debe a cuestiones de pesos.