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Viernes 23 de junio de 2017
Adultos mayores: Instrumentos legales que ayudan a una mejor calidad de vida Adultos mayores: Instrumentos legales que ayudan a una mejor calidad de vida
En la actualidad, la aparición de nuevas técnicas médicas preventivas y tratamientos de rehabilitación posibilitan una mejor calidad de vida a las personas llamadas... Adultos mayores: Instrumentos legales que ayudan a una mejor calidad de vida

En la actualidad, la aparición de nuevas técnicas médicas preventivas y tratamientos de rehabilitación posibilitan una mejor calidad de vida a las personas llamadas hasta hace poco ancianas o de la tercera edad. De acuerdo a informes de la OMS, en países centrales el promedio de vida será de 85 años para el 2030 y en Latinoamérica para el 2050. Sin embargo, esta sobrevida y mejora en la calidad no impide que las personas adultas mayores hoy convivan con enfermedades crónicas y/o diagnósticos discapacitantes, ya sean estos por deterioro cognitivo o por trastorno motor derivado de enfermedades cerebro vasculares o autoinmunes.

Ante esta realidad, es necesario que las familias, ante la comunicación del médico que confirma la aparición del síndrome, inicien el trámite para la obtención del Certificado de Discapacidad, ya que este se convierte en el documento necesario para acreditar la discapacidad y por ende acceder a todas las prestaciones y prerrogativas que la ley les reserva a las personas con discapacidad. El certificado es el documento idóneo por el cual se acredita la discapacidad, a través de un diagnóstico médico, del cual se desprende un diagnóstico funcional, y podrá determinar una orientación prestacional, permitiendo así las coberturas requeridas.
Una vez obtenido el certificado, es conveniente que consulten nuevamente con el profesional tratante, quien determinará los requerimientos especiales del paciente. Así, en algunos casos se prescribirá medicación de largo tratamiento y en otras situaciones la prescripción puede extenderse a utilización de pañales, personal especializado de asistencia en el hogar, rehabilitación, terapia ocupacional y, de ser indispensable, internación en centros especializados en dicha patología.
Es importante saber que todos estos requerimientos deben ser solicitados mediante nota simple a la obra social o prepaga. Cabe decir que las prestaciones de salud deben ser brindadas en su totalidad por cualquier institución que preste dichos servicios, aun cuando no hubiera adherido al sistema de obras sociales o se trate de planes prepagos.
En este punto es necesario considerar que las personas sin cobertura social, aquellos que no tienen jubilación, pensión o se encuentran en relación laboral o cargo de algún familiar, tienen derecho a requerir las mismas prestaciones al Estado.
La discapacidad en adultos mayores con afectación cognitiva
Si bien es probable que la edad avanzada suela traer problemas en la memoria presente y/o descuidos, estos solo se relacionan con la edad cuando la persona no presenta un cuadro de base discapacitante que modifique o aumente dicha disminución de la lucidez y/o instale un cuadro cognitivo leve hasta severo. Esta situación sí nos pone frente a un adulto mayor con discapacidad y si la misma es cognitiva es viable que la familia o grupo continente inicie los trámites tendientes a obtener las salvaguardas necesarias para su representación y desenvolvimiento en la vida diaria.
La preocupación en la familia o grupo continente surgirá en relación a la disminución en su capacidad de dirigir sus actos y realizar los que comúnmente realizaba, en cuanto a la administración del dinero, el desarrollo de la actividad profesional, etc.
Es conveniente entonces que el grupo familiar, llegada esta instancia, consulte con profesionales del derecho especializados en la temática, a fin de que puedan orientarlos para la obtención de un remedio que nos presenta la ley: la curatela.
La Convención y su aplicación
Las personas cuya discapacidad haya sido certificada tienen un estatus superior de protección que le brinda la ley 22.431 y la 24.901, más la norma constitucional y ahora la Convención de personas adultas mayores, que viene a dar refuerzo en la tipicidad y especificación de derechos que solo se aplican para este grupo etáreo. Por ende, tienen una mayor protección -discriminación positiva- que permite obtener mayores beneficios tanto en el ejercicio del derecho a la salud como en la calidad de vida.
Es en este nuevo siglo donde se han concebido instrumentos de derechos humanos que han sido considerados como el punto más alto en la evolución de la protección jurídica de diversos grupos vulnerables. Como ejemplo se puede citar a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2008).
En este camino encontramos un nuevo instrumento generado en el ámbito interamericano dirigido a la protección de los Derechos de las Personas Mayores.
La evolución alcanzada en la ciencia médica, que se traduce en la prolongación de la vida hasta límites cada vez más altos, origina situaciones donde los derechos de este sector de la sociedad se ven vulnerados.
Dentro del estilo de las últimos Instrumentos Internacionales, la Convención reconoce que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades (del preámbulo de la Convención).
Siguiendo la misma técnica que las anteriores, se reconocen diversos instrumentos internacionales como antecedentes y se establece un glosario para entender los términos utilizados.
Fundamentalmente se define el concepto de Persona Mayor: “Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años”. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.
La Declaración establece una serie de principios que sostendrán todos los derechos que se reconocerán a las personas mayores a lo largo del texto de la Convención.
Dichos principios están ligados, básicamente, a evitar el aislamiento, la discriminación, desamparo y cualquier otro acto denigrante hacia los beneficiarios, ya sea por políticas activas o negligencia.
Asimismo, insta a la aplicación de conductas positivas a los fines de evitar prácticas violatorias de los principios enunciados en su texto y recurre a la figura de los “ajustes razonables” como herramienta de realización de los derechos enunciados en la Convención.
El concepto de “ajustes razonables” es utilizado para impulsar las medidas de acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades y la erradicación de prácticas que impliquen: “aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor”.
Estos “ajustes razonables” actúan de tal manera que la negativa a realizarlos, salvo que implique cargas desproporcionadas, implica un acto discriminatorio hacia las personas con discapacidad.
Este instrumento enumera y organiza todos los derechos de las personas mayores en relación a su persona, sus libertades individuales, el trabajo, la educación, la salud, el ocio, la cultura, la familia, niños, mujeres y ancianos.
Dentro de la citada enumeración se distinguen dos artículos, el 11 y el 30. En el primero de ellos se establece el “derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud”.
Este derecho fundamental, recepcionado de las tendencias actuales en lo relativo al “derecho de los pacientes”, no se limita a la información de qué tipo de tratamiento se le aplicará, en qué consiste el mismo y sus consecuencias, sino que se le reserva al beneficiario de la Convención el derecho de aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico.
En este mismo orden de ideas, tal vez como un principio rector del precitado artículo 11, encontramos el artículo 30 de la Convención.
En dicho artículo se establece el principio de “igual reconocimiento como persona ante la ley”.
El texto de encabezado del artículo brinda una noción acabada de la importancia del contenido del principio. Y no es otra cosa que el derecho de las personas mayores a ser reconocidas en pie de igualdad con sus conciudadanos ante la ley. Ser reconocidos como sujeto de derecho, con capacidad jurídica para ser titular de derechos y ejercerlos por sí.
Por un lado es claro, pero a su vez llama a la reflexión el exhorto que arroja el texto legal: Igual reconocimiento como persona.
Justamente de eso se trata, que la comunidad no excluya de su seno a miembros por su edad, que dicha característica no resulte un elemento discriminatorio que atente directamente sobre su capacidad jurídica.
Este artículo no solo garantiza el derecho allí enunciado, sino que impone la obligación a los Estados de adoptar las medidas necesarias en sus órdenes jurídicos internos a fin que no se convierta este derecho en una mera declaración de voluntad.
El Estado debe brindar todos los apoyos necesarios para que las personas mayores puedan ejercer sus derechos en igualdad al resto de la comunidad a la que pertenecen.
Este principio ya surge de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, y se ha convertido en la llave que franqueó innumerables obstáculos en el ejercicio de los derechos de este colectivo social.

Conclusión
Con estas características, la Convención constituye un instrumento amplio, garantista y efectivo, en pos de la protección y reconocimiento de derechos de un sector de la comunidad largamente olvidado, deseando que en el ámbito de las Naciones Unidas pueda encontrar eco y obtener así un documento con un alcance aun mayor.
Téngase en cuenta que al momento de hacer valer los derechos en la vía judicial este nuevo instrumento tiene un altísimo valor legal, por cuanto es de carácter constitucional y debe ser interpretado como una norma operativa que permita el mejor desarrollo de la vida de las personas adultas mayores con discapacidad.

aimar

Prof. Dra. Elizabeth Aimar*
elizabethaimar@hotmail.com

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